Gestionar el riesgo
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Empecemos con la definición: “Los avales o garantías constituyen, en esencia, un instrumento para minimizar los riesgos que se pueden presentar en una relación comercial. Se puede asegurar una obligación de pago, una entrega de mercancía, la ejecución de una obra o cualquier obligación derivada de un contrato.
En comercio internacional, por ejemplo, una empresa exportadora puede querer cubrirse ante el riesgo de impago, y una empresa importadora puede requerir garantías por los pagos anticipados que realice”. Con estas líneas de Fátima Rodríguez, directora de Comercio Exterior del Banco Sabadell, se introduce claramente el factor que modela cualquier tendencia en el ámbito de los avales y garantías para la exportación, esto es, el riesgo. Un elemento que, desde 2008, se muestra con mayor crudeza en las relaciones comerciales.
Desde que estalló la crisis financiera y económica, las empresas españolas, bien por concienciación, bien por supervivencia, se han visto obligadas a impulsar su actividad internacional. Algunas se encontraban mejor equipadas que otras pero todas compartían algo en común: la necesidad de salir al exterior -hacerlo rápido y bien, a ser posible- en una coyuntura económica muy complicada.
Necesidad de avales y garantías
Un primer ejemplo: una pyme consigue un contrato para exportar bienes en una cantidad que exige una inversión previa en maquinaria para poder cumplirlo. Un segundo ejemplo: esta misma empresa puede haber cumplido su parte del contrato, pero necesita liquidez y el cobro de esta operación se va a retrasar. En ambas situaciones, esta pyme acudirá a su entidad bancaria. En el mejor de los casos, obtendrá un aval o garantía, así como asesoramiento adecuado. En el peor, si la empresa no disfruta de una situación económica lo suficientemente robusta, se estrellará contra los criterios crediticios de la entidad, los cuales, en términos generales, se han endurecido en estos últimos años.
Por lo tanto, varias fuerzas tensan la situación: la necesidad de exportar, el endurecimiento de los criterios para conceder financiación y la incertidumbre sobre los pagos. En este contexto, surge la demanda de avales y garantías. A esto hay que añadir, como señalaba Rocío Uriarte -responsable de Operaciones Internacionales del Departamento de Operaciones por Cuenta del Estado de CESCE- en el seminario sobre avales y garantías organizado por el ICEX en Madrid el pasado mes de octubre, el desequilibrio entre un mayor número de empresas exportadoras y un menor número de entidades financieras debido a los procesos de fusiones y absorciones.
Para los dos ejemplos mencionados más arriba existe la posibilidad de acudir a otras puertas para acumular fortaleza, lo que se denominan sociedades de garantía recíproca (en adelante, SGR). Las SGR son sociedades de capital mayoritariamente privado con aportaciones de diversas Administraciones Públicas. Existen 24 SGR, con 173 oficinas repartidas por todo el territorio nacional. Esta ubicuidad “permite el acceso a una amplia base de clientes, desempeñando así una gran labor comercial entre las empresas de su entorno, ofreciendo además servicios de información, asesoramiento, formación financiera y promoción empresarial”, señala Ana Vizcaíno, consejera delegada de la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA). Esta es una compañía estatal adscrita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que, a su vez, da cobertura a las SGR. CERSA y las SGR configuran lo que se denomina el Sistema de Garantía. De este sistema se benefician actualmente unas 56.000 pymes y autónomos. En los últimos años, se han otorgado, de media, avales por valor de 1.200 millones de euros anuales.
Más información: El Exportador.
Fuente: El Exportador.
