Esta decisión cuestiona el proyecto de patente europea, que la Comisión Europea trata de poner en marcha, con el apoyo de una gran mayoría de Estados miembros, pero al que se oponen dos países por el uso de solo tres idiomas de trabajo: francés, inglés y alemán.

Este proyecto se inserta en el marco más general de la creación de un sistema integrado para la patente europea y comunitaria, que sería concedida por la Oficina Europea de Patentes (Munich).

Actualmente, aunque el procedimiento de concesión de ese título es único, la patente europea se divide en un conjunto de patentes nacionales, cada una de ellas regulada por el Derecho interno de los Estados que el titular haya designado. En cambio, la patente comunitaria tendría carácter unitario y autónomo, produciendo los mismos efectos en el conjunto de la Unión. Sólo podría concederse, transmitirse, anularse o caducar en este ámbito territorial.

Antes de ponerlo en marcha, el Consejo de ministros de la UE solicitó el dictamen del Tribunal de Justicia de la UE, sobre la compatibilidad del acuerdo previsto con el Derecho de la Unión. En este dictamen, el TdJ observa que según ese acuerdo, el tribunal europeo y comunitario de patentes es una institución que se sitúa fuera del marco institucional y jurisdiccional de la UE.